Ante las debilidades de los enfoques modernistas de la planeación urbana para responder a los retos de la urbanización informal, la segregación y las desigualdades de la ciudad latinoamericana (Holston 2007; Irazábal, 2009; Jaramillo, 2008), en la década de 1980 y 1990 diferentes movimientos sociales urbanos, así como colectivos de arquitectos, planeadores y abogados buscaron aperturas para democratizar las decisiones sobre la ciudad con base en nuevas ideas progresistas como el derecho a la ciudad, la función social de la propiedad o la planificación participativa (Caldeira & Holston, 2015; Maricato, 2017). Estos principios quedaron plasmados en varias de las nuevas constituciones y marcos legales latinoamericanos como, por ejemplo, en el Estatuto de la Ciudad de Brasil o la Ley 388 de 1997 de Colombia (Maldonado, 2008). En años recientes, países como Ecuador, Perú o Bolivia, incorporaron también elementos de estas ideas a sus marcos legales (Blanc et al., 2022).

El desfase entre los principios progresistas, redistributivos y participativos reflejados en estos nuevos marcos legales y la manera excluyente y poco participativa en la que, con algunas excepciones, se continúa haciendo planeación urbana en América Latina (Friendly & Stiphany, 2019) ha creado un espacio de contención legal que está siendo cada vez más usado por diferentes tipos de actores para demandar, bloquear o suspender proyectos de planeación urbana (Sotomayor, Montero & Ángel-Cabo, 2022). Asimismo, la adopción de un marco de política económica neoliberal que privilegia el uso de mecanismos de mercado para atender temas de política social y urbana (como la vivienda financializada de bajo costo, e.g. Hurtado-Tarazona 2019) o que justifican el desplazamiento social a partir de proyectos de renovación urbana (López-Morales, Shin & Lees, 2016) ha estimulado ejercicios de reivindicación y defensa por parte de las comunidades a partir de acciones legales así como la búsqueda propositiva de modelos alternativos de vivienda y propiedad (Davis & Fernández, 2020). En algunos casos, el espacio de contención de lo legal también responde a la gran complejidad de las normas urbanísticas y sus repetidas formulaciones (Azuela, 2016), las cuáles abren paso a diversas y contradictorias interpretaciones (Pérez, 2016). Estas contradicciones evidencian el abismo aún existente en América Latina entre la ciudad de la normativa y la ciudad de la vida urbana (Meneses, 2019), las diferentes visiones con las que se moviliza el “derecho a la ciudad” (Ugalde, 2015; Fernandes, 2019; Nogueira, 2020) y la falta de diálogo entre los estudios urbanos y el derecho (Valverde, 2022). En esta mesa temática queremos profundizar en estos debates y plantear una discusión teórica, metodológica y empírica amplia e interdisciplinaria que contribuya a explicar las diferentes maneras en las que se está usando actualmente el derecho para cambiar la ciudad y la planificación urbana en América Latina.