En los conflictos contemporáneos, las economías ilegales de drogas proporcionan incentivos a una amplia variedad de actores dispuestos a romper la ley para obtener garantías y beneficios. En el conflicto armado estos beneficios no son solo económicos, sino que también pertenecen a la legitimidad social y política (Garzón-Vergara, 2015: 2). En este sentido, los actores involucrados en este tipo de economías buscan además de maximizar sus ganancias, asumir otros roles, convirtiéndose en poderes de facto que pueden sustituir las funciones más básicas del Estado, como era el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) en sus zonas de influencia.